Asturias ha comenzado a evaluar su capacidad de respuesta a la crisis humanitaria provocada por la invasión rusa de Ucrania, un conflicto que ha provocado ya el éxodo de unas 874.000 personas, aunque se estima que el número de refugiados podrá superar los cuatro millones para los que la Unión Europea trabaja ya en un plan para organizar su acogida.
El Ejecutivo asturiano, la Delegación del Gobierno, la Federación de Concejos, los tres ayuntamientos más poblados -Gijón, Oviedo y Avilés- y las ongs Accem y Cruz Roja han tenido este miércoles una primera toma de contacto para empezar a poner en común los datos sobre la capacidad de acogida de la región una vez que se asigne a España el cupo de refugiados que le corresponda.
Con una población de 525 ucranianos residentes en Asturias, el proceso será similar al llevado a cabo para acoger a los afganos que huyeron de su país tras la toma del poder por parte del régimen talibán, una crisis humanitaria que se saldó con 96 refugiados acogidos en el Principado -39 de ellos menores- en centros y casas de Accem y Cruz Roja, principalmente en Oviedo, Gijón y Avilés.
«Asturias siempre ha sido solidaria y en este momento no va a cambiar», ha apuntado al término de la reunión, presidida por el jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, que ha incidido en que el Principado está a la espera de que la UE y el Gobierno central ofrezcan cifras sobre el número de refugiados que llegarán a España y de su posterior distribución.
Camblor ha avanzado que Asturias aportará fondos a Ucrania de la partida de acción humanitaria reservada en sus presupuestos por importe de 250.000 euros y, tras agradecer las muestras de solidaridad de numerosos colectivos interesados en aportar su ayuda, ha pedido que se canalice a través de aportaciones económicas a las organizaciones que trabajan sobre el territorio.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha señalado que el dispositivo de acogida se coordina desde el Ministerio de Migraciones, que aportará los recursos de acogida con que cuenta a través de Cruz y Accem, medios a los que podrán añadirse los que puedan aportar tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos.
«Asturias acogerá con los brazos abiertos a esas personas que vienen con la carga dramática de ver invadido su país por un dictador», ha subrayado Losa que, al igual que la consejera, ha pedido a quienes prestan su ayuda a acudir a las ongs especializadas en la atención a refugiados del movimiento de ayuda surgido en la sociedad «que refleja su solidaridad, pero a veces es poco eficaz».
Además, ha recordado que la Comisión Europea prevé aprobar mañana la normativa legal para ofrecer protección inmediata a personas que llegan de forma masiva a territorio comunitario y no pueden volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos.
Permiso de residencia de un año ampliable a tres, posibilidad de trabajar, acceso a la educación y la sanidad, ayuda social y apoyo económico son algunos de los derechos que tendrán los refugiados ucranianos que lleguen a España, que con 115.000 ucranianos es el cuarto país de la UE con mayor volumen de emigrantes de ese país, cuando se active la directiva europea de protección temporal.
Esta abundante presencia de comunidad ucraniana en el territorio nacional hace prever que serán muchos los ciudadanos de ese país que huyendo de la guerra opten por viajar hasta España para reunirse con familiares e instalarse aquí de forma temporal.
La capacidad actual del sistema de acogida en todo el país para quienes piden asilo es de unas 10.000 plazas, aunque en los últimos meses ha tenido que hacer frente a la llegada de afganos a raíz de la toma del poder por parte de los talibanes y a los traslados de inmigrantes desde Canarias.
La directiva europea incluye la creación de un estatus de protección con trámites reducidos para así evitar abrumar a los sistemas nacionales de asilo y permitir a los Estados miembros gestionar las llegadas de manera ordenada y eficaz. Asimismo, la normativa dispone que mientras dure la protección temporal o cuando ésta haya finalizado, los Estados miembros deben tomar medidas para permitir el regreso voluntario de las personas protegidas, informa Efe.
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