Para lograr los objetivos propuestos es imprescindible que se modifique la actual política migratoria española, que choca de frente con los principios señalados en el acuerdo, como recoge el análisis El Pacto Mundial para la Migración y el ODS 10.7, elaborado por Alianza por la Solidaridad, Asociación Rumiñahui, Fundación Cepaim, Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC), Médicos del Mundo y Red Acoge.
En cuanto a la gestión de las fronteras, estas organizaciones sociales señalan su preocupación por prácticas como la detención e internamiento de migrantes como medida cautelar prioritaria, la externalización y la práctica de las devoluciones sumarias, todas ellas medidas contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
También se hace referencia a la urgencia de reforma de la actual normativa de extranjería que obliga a miles de personas a permanecer en situación irregular y obstaculiza el ejercicio de sus derechos, además de la necesidad de promover mecanismos que fomenten un movimiento voluntario, flexible y regular.
Asimismo, se reitera, la exigencia de ratificación de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares –la única no suscrita por el Estado español– y del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras del hogar y los cuidados, para que se garanticen condiciones de trabajo justas y plenos derechos.
Otras dos promesas aún incumplidas por parte del Gobierno son la tramitación del Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, para evitar así la exclusión sanitaria; y la aprobación de una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que incluya tanto a las personas en situación administrativa irregular en su ámbito de aplicación como que prohíba las identificaciones policiales por perfil racial y étnico que constituyen una práctica discriminatoria por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
También se incluyen recomendaciones sobre la protección integral y efectiva de las mujeres migrantes en situaciones de violencia de género, instando a que sea una prioridad a lo largo de todo el proceso migratorio. Así como consideran imprescindible que se garantice el amparo de los niños y niñas migrantes sin acompañamiento adulto protegiendo los derechos de la infancia.
Este conjunto de recomendaciones son medidas concretas que facilitan una hoja de ruta para cumplir con los compromisos del Pacto Mundial y hacer realidad el lema de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”, articulando un modelo migratorio que respete y garantice los derechos humanos.
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